Manifiesto CERMI 25N

25 de noviembre de 2023. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

‘Yo decido’

Las mujeres con discapacidad somos el 25,9% de la población total de mujeres en la Unión Europea y tenemos que afrontar una discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida.

Según datos de la última Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, en nuestro país vivimos más de dos millones y medio de mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad.

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas incluye entre sus principios generales el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, así como la independencia de las personas con discapacidad. Este principio debe garantizarse con el fin de asegurar el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin excepción: educación, empleo, salud, derechos sexuales y reproductivos, vida en la comunidad, relaciones familiares, participación política, empoderamiento económico, acceso a la justicia, incluyendo el derecho que tienen las niñas con discapacidad a ser escuchadas y a expresar su opinión sobre los asuntos que les atañen (artículo 7 de la Convención).

Por su parte el 12 reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de dicha capacidad jurídica.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en su art. 15 que los Estados Parte reconocerán a las mujeres la igualdad con el hombre ante la ley, garantizando una capacidad jurídica idéntica a la de los hombres y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.

A pesar de la claridad con la que la ambas Convenciones de Naciones Unidas abordan esta cuestión, los estados han arbitrado medidas legales con el objetivo de despojar a las personas con discapacidad, y muy especialmente nosotras las mujeres y niñas con discapacidad, de esa capacidad para ejercer nuestros derechos y poder tomar decisiones sobre nuestras propias vidas.

La denegación histórica y sistemática del derecho a tomar nuestras propias decisiones es un reflejo de los estereotipos discriminatorios y nocivos contra nosotras y pone en evidencia la incapacidad de la sociedad y en muchos casos hasta de las familias, de comprender y respetar nuestra dignidad como mujeres y niñas, como personas, en suma. Estas restricciones contrarias a los derechos humanos, disfrazadas de mecanismos de protección, se han convertido en instrumentos a través de los cuales se ha ejercido violencia capacitista y también machista contra nosotras. En virtud de estos procedimientos denegatorios de nuestra dignidad muchas de nosotras hemos perdido la custodia de nuestras hijas e hijos y nos hemos sentido amedrentadas por nuestros maltratadores ante la amenaza de ser incapacitadas legalmente, de ser anuladas como ciudadanas.

Aun cuando estos mecanismos de sustitución de la voluntad de los sujetos van siendo desterrados de los ordenamientos jurídicos -como en el caso de España, por ejemplo- sin embargo, sigue faltando conciencia social acerca de los obstáculos que las mujeres y niñas con discapacidad encontramos en nuestro día a día a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Especialmente preocupante es la situación de nuestras compañeras con discapacidad psicosocial, intelectual, sordoceguera u otras dificultades para la comunicación y aquellas que están todavía institucionalizadas o incapacitadas legalmente.

En la práctica, esto supone ignorar nuestras opiniones como mujeres con discapacidad y sustituir nuestras decisiones por las de terceras personas, incluidas aquellas que ejercen de representantes legales, proveedores de servicios, tutores, tutoras y miembros de la familia. No se puede imaginar una forma de violencia más cruel.

En este contexto, reconocernos como protagonistas únicas de nuestras propias vidas exige no solamente la puesta en marcha de acciones de formación, información y empoderamiento sobre nuestros propios derechos, sino también una ardua tarea de denuncia y de concienciación de toda la sociedad en general a fin de desaterrar paradigmas capacitistas y machistas violentos y contrarios a los derechos humanos.

Todo esto debe conducir a la adopción de políticas públicas adecuadas en todos los ámbitos (local, autonómico, estatal y europeo) que tomen en consideración nuestra realidad y nuestro derecho a decidir sobre nuestras propias vidas sin restricciones y con todos los apoyos que sean necesarios.

Por todo ello, en este 25 de noviembre, las mujeres con discapacidad europeas EXIGIMOS:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

  • Que, en cumplimiento de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas,  se ponga en marcha una Macroencuesta específica sobre la violencia de la que somos objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, que tome en consideración como forma de violencia machista y capacitista las restricciones a tomar nuestras propias decisiones.
  • Que se garantice la accesibilidad universal, incluyendo cualquier tipo de apoyo que sea necesario para la toma de decisiones, en todos los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues, además, se trata de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.
  • Que la aplicación de las prescripciones normativas y la implantación de los recursos de atención a las víctimas contenidas en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual se lleven a cabo tomando en consideración una perspectiva interseccional de género y discapacidad.
  • Que se nos garantice el acceso a la justicia, incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, contemplando ajustes de procedimiento adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación, a la asistencia humana y a productos y tecnologías de apoyo que elijamos las mujeres con discapacidad en nuestras relaciones con el sistema de justicia.
  • Que se impulsen mecanismos de vigilancia con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros sean supervisados efectivamente por autoridades independientes, a fin de impedir que se produzca casos de negligencia, malos tratos, abuso, acoso y violencia precisamente entre aquellas mujeres con discapacidad que han visto anulada su capacidad jurídica.
  • Que en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad para escapar de la violencia y la institucionalización.

EN EL ÁMBITO EUROPEO:

  • Que la futura Directiva para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica tome en consideración a las mujeres con discapacidad y de manera muy específica la tipificación de la esterilización y anticoncepción forzada y del aborto coercitivo como formas de violencia contra las mujeres.
  • Que la Tarjeta Europa de Discapacidad garantice a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia todos los servicios, recursos e información en formatos accesibles adecuados a su situación en cualquier país de la Unión.
  • La efectiva aplicación en las políticas de la UE de las prescripciones normativas contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y que tienen un impacto específico en las mujeres con discapacidad.

¡PORQUE ES NUESTRA VIDA, NOSOTRAS DECIDIMOS!

NI UNA MENOS

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