3 de mayo de 2023 Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Los asuntos públicos también son nuestros: Derecho a la participación política de las personas con discapacidad

El 3 de mayo es el Día
de la Convención sobre los Derechos
de Personas con Discapacidad en España.
La convención es un acuerdo de varios países
para que las personas con discapacidad
sean iguales al resto de personas.
Hoy el CERMI Castilla y León ha leído su manifiesto
en la Consejería de Familia de Castilla y León.
El manifiesto ha recordado
el derecho a la participación política
de las personas con discapacidad.
CERMI ha pedido:
– La inclusión de las personas con discapacidad y sus familias.
– Contar con actos electorales y campañas accesibles
para todas las personas.
– Eliminar las barreras que hay hoy en día
para asegurar que se cumple este derecho.
Con este manifiesto,
CERMI quiere que la administración
los partidos políticos y las organizaciones
sepan que la discapacidad
forma parte de la diversidad y tiene valor.
También que las personas con discapacidad tienen derecho
a participar en política y en la vida pública.

Manifiesto del Movimiento CERMI


El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de ministros y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España.
El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de conciencia, en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés, de la discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos La inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben construirse en conjunto y con las personas con discapacidad, tal como señala la Convención en su Artículo 29 y la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23. Por ello, este año electoral, tenemos que recordar, como hace la Convención, que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para su participación política en igualdad de condiciones.
Para garantizar esa efectividad en la participación pública y política en igualdad de condiciones que establece el artículo 23 de la Constitución Española es necesaria la accesibilidad. Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender
y utilizar. Se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona.
1El derecho al sufragio activo y pasivo, expresión y bien social de primera magnitud es y debe de ser el centro de una sociedad abierta, democrática y basada en el diálogo. Para ello, tiene que ser universalmente accesible en todos los niveles. El movimiento CERMI reitera, como ha hecho desde su fundación con su lema “nada para las personas con
discapacidad sin las personas con discapacidad”, la importancia de la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Es necesario reivindicar e incidir en la accesibilidad y en las barreras que aún perduran.
Hoy, como siempre, reivindicamos y luchamos por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, porque los actos electorales y campañas estén hechas para todas y para todos. Que nadie se quede atrás en la participación política.
Las organizaciones del tercer sector de la discapacidad han mostrado que el tejido asociativo organizado de las personas con discapacidad y sus familiares son actores tan centrales de la sociedad civil como para promover la transformación social. El cambio más notorio es la creación del primer tratado internacional de este siglo, pero la
movilización de las personas con discapacidad no se ha quedado ahí. Ha llegado a poner sobre la mesa como posibilidad factible una reforma constitucional sobre el artículo 49, con todos los consensos que se precisan. Y ha participado activamente en un sinnúmero de propuestas y recomendaciones que distintos gobiernos, de distintas
siglas y distintos niveles han aceptado.
La capacidad organizativa de los movimientos de personas con discapacidad y sus familias ha demostrado cuánto tienen qué decir y cuánto tienen por aportar. Ha hecho evidente la centralidad de la gobernanza inclusiva y las potencialidades del diálogo civil, lo lejos que llega nuestra sociedad cuando participamos todas y todos sobre objetivos tan claros y necesidades tan robustas como la inclusión y los derechos de las personas
con discapacidad.
Sin embargo, el camino es largo y aún queda mucho por recorrer. Las personas con discapacidad siguen invisibilizadas en términos de participación política. Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de
accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por falta de recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con discapacidad.
Una sociedad democrática no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario. Tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo. Una sociedad responsable y democrática ha de incluir, tratar de movilizar y entender a todas las personas y grupos sociales; para eliminar las barreras que impiden la inclusión plena y la participación activa de todos los grupos sociales en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que reflejen las necesidades y demandas de la población.
Siendo fundamental que la sociedad tenga la capacidad de movilizar y entender las distintas perspectivas y necesidades de los diferentes grupos sociales, con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Las condiciones de exclusión a las cuales están sometidas las personas con discapacidad conducen a que sean discriminadas y colocadas forzosamente en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, donde son consideradas “ciudadanía de segunda” con menos derechos y libertades; en muchos casos, sin posibilidad de ejercer los derechos de participación general en la vida social y política convirtiéndoles en “ciudadanos invisibles”. La accesibilidad universal de la información y la comunicación de programas electorales es tan central como la accesibilidad de los espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía.
Las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la intersección entre diferentes factores de exclusión, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa.
Por ello, este año electoral, desde el movimiento CERMI reiteramos nuestra demanda a las formaciones políticas de garantía de la accesibilidad universal de los programas y campañas; con medidas específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad, y un compromiso firme para garantizar la igualdad de
oportunidades para todas las personas.

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