La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sube las cuantías económicas mínimas de atención a la dependencia

Isabel Blanco es la consejera de Familia
de la Junta de Castilla y León.
Isabel Blanco ha anunciado
diferentes medidas para mejorar la vida
de las personas con discapacidad.
En primer lugar, ha actualizado
el Protocolo para mejorar la atención
de las personas con discapacidad
y ha contado con el CERMI para hacerlo.
Un protocolo es un documento
que dice qué hacer y qué pasos seguir
en una situación concreta.
Este protocolo busca que las personas con discapacidad
tengan la mejor atención posible
para conseguir su autonomía.
En segundo lugar, la Junta de Castilla y León ha aumentado
el dinero que da a las entidades
por cada persona con discapacidad.
La tercera medida es la aprobación
de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad.
Un Plan Estratégico es un documento
que dice qué va a hacer la consejería
para mejorar la situación de las personas con discapacidad
en los próximos años.
La cuarta medida es que da más dinero
a personas dependientes y sus familias.
Por último, Isabel Blanco ha explicado
cómo se ha repartido el dinero
destinado a personas con discapacidad.
El dinero se ha repartido sobre todo en 3 áreas:
• Autonomía.
Es decir, que las personas con discapacidad
cada vez puedan hacer más cosas solos.
• Formación y empleo
• Envejecimiento activo.
Es decir, que las personas con discapacidad
mejoren su calidad de vida
cuando se hacen mayores.

 

El departamento que dirige Isabel Blanco y CERMI CyL han firmado hoy un acuerdo para mejorar la atención a las personas con discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha subrayado que la Junta sigue profundizando en esa colaboración con Cermi durante la firma de un acuerdo para actualizar el Protocolo para la Mejora del Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad, con el fin de asegurar sus derechos y alcanzar las mayores cotas de bienestar social que sean posibles.

Este nuevo protocolo tiene como objetivos fundamentales avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la mayor autonomía posible, a lo largo de toda su vida, promoviendo su derecho a la toma de sus propias decisiones; garantizar los apoyos que necesite -en vivienda, empleo, asistencia personal, etc.-; potenciar la innovación de productos y servicios, con la implicación del usuario; avanzar en el desarrollo de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; planificar su integración y participación social; impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades; y profundizar en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades.

Esta mejora del modelo de atención se acompañará, por parte de la Junta de Castilla y León, de un esfuerzo presupuestario con un incremento del precio de los conciertos para personas con discapacidad, de un 8 % para centros de día y residencias y de un 9% en viviendas, que afectará a 7.047 plazas concertadas para personas con discapacidad -1.957 en residencias, 962 en viviendas y 4.128 en centros de día-. Esta medida supondrá un incremento en la financiación de la concertación para personas con discapacidad de cerca de 5 millones de euros, alcanzando este año los 96 millones de euros en concertación.

El eje principal del nuevo modelo será el futuro Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, para cuya elaboración han sido determinantes los resultados de la evaluación del anterior plan, aprobado hace seis años, que respondía al compromiso del Gobierno autonómico con el apoyo y la atención a las personas con discapacidad, instrumento a través del que se impulsó el modelo de atención acordado con CERMI un año y medio antes.

Teniendo en cuenta estos retos, el nuevo Plan Estratégico ha establecido tres pilares fundamentales que son la autodeterminación de la persona y su proyecto de vida, una visión integral de la discapacidad que considera tanto a la persona y a la familia como al contexto de los entornos y la comunidad con los que interactúa y la orientación basada en la respuesta a las necesidades y lo importante para las personas con discapacidad a lo largo de las etapas del ciclo vital.

Isabel Blanco ha explicado que, sobre todo, se está apoyando a las familias que atienden a las personas dependientes a través del incremento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, favoreciendo a las rentas más bajas, así como del incremento de las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas para que las personas dependientes puedan acceder a los servicios que necesiten. Unas cuantías que se han ido incrementando en estos últimos años: en enero de este mismo año se incrementó en más de 10 % la prestación vinculada al servicio que es la que reciben las personas dependientes para pagar la residencia y otros servicios, por ejemplo, centros de día o la ayuda a domicilio.

La consejera de Familia ha anunciado que este miércoles, 5 de abril, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva orden, con efectos a 1 de abril, por la que se incrementan las cuantías mínimas, tanto de la prestación de cuidados en el entorno familiar, como las de la prestación vinculada al servicio y de asistencia personal, que llegan hasta los 100 euros en grado I, a 150 euros en el grado II y a 200 euros en grado III. Además, se incrementan las cuantías máximas de la prestación de cuidados en el entorno familiar un promedio del 5 %, pasando de los 432 euros hasta los 455,4 euros en el grado III; de 300 a 315,9 euros, en el grado II; y de 170 a 180 euros en el grado I.

Estas mejoras en las cuantías económicas supondrán cada año una inversión de 24 millones de euros y beneficiarán a 32.000 personas dependientes.

Isabel Blanco ha recordado que el plan para 2016-2020 contó con 752 millones de euros, distribuidos entre todas las consejerías de la Junta, aunque el peso de su ejecución ha correspondido a la Gerencia de Servicios Sociales en un 91 %. El plan incluía 195 medidas distribuidas en once ejes estratégicos y de su evaluación se constata que la gran mayoría de medidas previstas han sido ejecutadas total o parcialmente, un dato especialmente reseñable teniendo en cuenta la paralización generada por la pandemia del Covid-19.

En el periodo de vigencia del plan, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se ha ejecutado un total de 686 millones de euros, un 11 % más del presupuesto previsto, que se ha concentrado especialmente en tres ámbitos.

Por un lado, en apoyos para la autonomía de las personas en el hogar, con más de 330 millones, un 48 % sobre el total del presupuesto. Se trata de uno de los elementos más relevantes para conseguir una vida inclusiva en la comunidad. En este sentido, ha aumentado un 38 % el número de plazas en viviendas, un 3 % el número de personas con discapacidad que reciben apoyos en viviendas normalizadas, se ha dado soporte a través de viviendas de itinerarios a 102 personas con discapacidad en su proceso de emancipación y se han incrementado los servicios de asistencia personal un 400 %. Todas estas actuaciones garantizan que la persona con discapacidad pueda vivir de acuerdo con sus deseos en condiciones apropiadas y pueda decidir cómo, dónde y con quien quiere vivir.

Por otra parte, el 29 % del presupuesto se ha destinado a formación y empleo, lo que supone que se haya apostado con más de 198 millones de euros por los itinerarios de formación y empleo y la continuidad de la atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales que garantice la integración social y laboral. Gracias a estas medidas, la tasa de actividad entre las personas con discapacidad en Castilla y León es del 36,5 %, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional; han aumentado un 20 % las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y un 26 % las personas con discapacidad con empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario. Además, 1.795 personas de media anual han tenido acceso al mercado laboral a través de los itinerarios de formación para el empleo.

Por último, al ámbito del envejecimiento activo se ha destinado el 18 % del presupuesto, 125 millones de euros que han servido para favorecer un envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad.

El resultado global es que las actuaciones desarrolladas han hecho posible dar respuestas personalizadas, flexibles y dinámicas a las diversas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y se ha comprobado que lo que ha favorecido el éxito de estos resultados ha sido, principalmente, el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad y una comunicación y coordinación fluida y directa entre la Administración pública y las entidades.

Fuente: Junta de Castilla y León

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