- Así responde el Defensor del Pueblo al CERMI, ante una queja de este por la inobservancia generalizada de los mandatos legales en materia de empleo público de personas con discapacidad por parte de las universidades públicas
El Defensor del Pueblo ha instado a las universidades públicas a cumplir con la normativa de empleo en favor del personal docente e investigador con discapacidad.
Así ha respondido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, al Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), ante una queja de este por la inobservancia generalizada de los mandatos legales en materia de empleo público de personas con discapacidad por parte de las universidades públicas.
En la carta, el Defensor del Pueblo informa de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha trasladado ya sus consideraciones a la Secretaría General de Universidades en referencia a las medidas a adoptar para facilitar el acceso a las universidades públicas de las personas con discapacidad a plazas con personal docente e investigador.
Asimismo, en la carta el Defensor del Pueblo informa del inicio de “las actuaciones oportunas ante la Secretaría General de Universidades con objeto de conocer sus apreciaciones a las propuestas realizadas por la CRUE en relación a la queja de CERMI”.
En este sentido, la primera de estas quejas está centrada en precisar normativamente que la reserva del cupo de plazas por discapacidad vaya referida al conjunto de plazas que se convoquen de un área de conocimiento y universidad determinadas diferenciando plazas de profesorado permanente y plazas de profesorado temporal.
La segunda petición pone el foco en la necesidad de establecer que las plazas reservadas para este cupo de profesora permanente sujetas a aprobación por las comunidades autónomas en el marco de la Oferta de Empleo Público anual no se pierden si, pasados tres años, los concursos han quedado vacantes por falta de cantidados/as.
La última de las demandas se basa en aumentar el porcentaje de plazas a reservar en los contratos para la formación de doctores.
En la carta, el Defensor del Pueblo se compromete a ponerse en contacto con CERMI “tan pronto como sea recibida la información solicitada”.
