La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha recibido a la nueva Junta Directiva del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI CyL), presidida por Juan Pérez, con la que se ha reunido tras su reciente nombramiento.
El nuevo presidente del CERMI, también vicepresidente de Plena inclusión, ha estado acompañado del vicepresidente, Luis Angel Pérez, presidente también de Aspace CyL; la secretaria general, Rosa María Rubio, que es a su vez nueva presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Castilla y León, y el tesorero, que será el hasta ahora presidente de CERMI CyL y presidente de Predif Castilla y León, Francisco Sardón.
Durante el encuentro, que tuvo lugar este lunes, Alicia García deseó muchos éxitos en esta nueva etapa a la nueva junta directiva de CERMI CyL y afirmó que continuará la estrecha colaboración con la Junta de Castilla y León, que ha permitido conseguir importantes avances y mejoras en la calidad de vida y en la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.
Alicia García y Juan Pérez hicieron repaso de los pasos que se han dado en los últimos años, como la aprobación del I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad; la aprobación de la estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo; el impulso de la figura del asistente personal; la inserción laboral de las personas con discapacidad, apostando por los itinerarios personalizados de empleo, y la convocatoria por primera vez de plazas públicas exclusivamente para personas con discapacidad intelectual, entre otros puntos.
Después de un breve encuentro con los medios, la nueva Junta Directiva mantuvo una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y con parte de su equipo en la que repasaron los asuntos que se están impulsando en colaboración con el CERMI, como la aprobación de la Ley de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia, el nuevo Reglamento de accesibilidad y eliminación de barreras, el Decreto de precios públicos y de prestaciones a dependientes o la ampliación de las cláusulas sociales y reserva de contratos para favorecer la contratación de personas con discapacidad.