CERMI Castilla y León exige a sanidad medidas urgentes de protección y que no se discrimine a personas con discapacidad y exhorta a la comisión de bioética de Castilla y León a revisar las recomendaciones realizadas.

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL) exige a las autoridades sanitarias que aseguren que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el  coronavirus, pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona.

Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.

Los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no pueden aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad.

El comité exhorta a la comisión de bioética de Castilla y León a revisar las recomendaciones realizadas para priorizar el tratamiento intensivo durante la pandemia COVID-19 para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España, porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor.

CERMI reclama a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos y las recomendaciones que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.