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CERMI Castilla y León pide al Gobierno de España
que renueve un acuerdo muy importante
con las Comunidades Autónomas.
El acuerdo dice cómo se reparte el dinero
que se consigue con 2 impuestos:
– El impuesto IRPF
que pagan las personas que trabajan.
– El Impuesto de Sociedades
que pagan las empresas.
El Gobierno de España da
una pequeña parte de ese dinero
a proyectos sociales
que hacen las asociaciones y las ONG.
Por ejemplo, proyectos para ayudar
a personas con discapacidad.
Este acuerdo dice que:
• 8 de cada 10 euros
van a las Comunidades Autónomas
que los reparten entre las asociaciones de su territorio.
• 2 de cada 10 euros
van al Gobierno de España
que lo reparte entre las asociaciones nacionales.
Este acuerdo termina en 2025
y es muy importante renovarlo a tiempo
para evitar problemas y retrasos.
Si las asociaciones y ONG no reciben el dinero a tiempo
no pueden hacer los proyectos
y esto puede afectar a muchas personas.
CERMI Castilla y León
y el resto de los CERMI de España
quieren que el acuerdo se renueve pronto
y que siga con el mismo reparto de dinero
porque hasta ahora ha funcionado muy bien.
- La renovación del pacto, que expira en 2025, es clave para garantizar la financiación de programas sociales del tercer sector en todo el país
(Valladolid, 29 de mayo de 2025).––El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL) se suma a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para instar al Gobierno central, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas a renovar con celeridad el acuerdo relativo a la distribución entre el Estado y los territorios de la recaudación correspondiente a las asignaciones tributarias del 0,7% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades.
El acuerdo vigente, que establece un reparto del 80% para las Comunidades y Ciudades Autónomas y un 20% para el Estado (convocatoria centralizada nacional), expira en 2025, por lo que resulta urgente su prórroga para los próximos cinco años. Esta financiación constituye la fuente principal para los programas sociales impulsados por el tercer sector de acción social en todo el territorio nacional.
Quedan pocos meses para la renovación del acuerdo, que implica afrontar y culminar el proceso político y administrativo correspondiente. Por ello, el Movimiento CERMI exige a las administraciones involucradas -tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas- la máxima celeridad para lograr un acuerdo satisfactorio y a tiempo.
El movimiento de la discapacidad, junto con el conjunto del tercer sector de acción social, reclama que el nuevo acuerdo mantenga el reparto del 80% al ámbito territorial y el 20% al ámbito estatal, dado que esta distribución representa un punto de encuentro entre las partes implicadas, garantizando la estabilidad y evitando que se reproduzcan los conflictos políticos y judiciales que en el pasado afectaron a esta materia.